La Generalitat quiere imponer el catalán a los Playmobil

La Agència Catalana de Consum, organismo dependiente de la Generalitat catalana, ha abierto un expediente sancionador a la multinacional juguetera Playmobil, cuya sede en España se encuentra en la localidad alicantina de Onil, por no etiquetar las cajas de sus juguetes en catalán. El expediente, que se ha abierto como consecuencia de una denuncia de la Plataforma per la Llengua(una organización dedicada a promover y defender el uso del catalán), puede conllevar una sanción económica de hasta 100.000 euros.

La citada organización presentó la denuncia ante el Gobierno catalán después de dirigirse tanto a Playmobil como a Lego para reclamarles que etiquetasen en catalán los productos que se comercializan en la comunidad autónoma. Según explica la Plataforma per la Llengua en un comunicado publicado en su página web, Lego se avino a cambiar el etiquetado pero luego dio marcha atrás, mientras que Playmobil directamente se negó a cambiar el packaging de sus productos.

Un portavoz de la compañía alemana trasladó a la citada organización que “según el Tribunal Constitucional español, el legislador catalán puede regular que esta documentación sea también en catalán cuando estos productos se destinen a la venta, exclusivamente, en Cataluña. Pero este no es el caso, nuestros productos no se comercializan solo en Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas, por lo que solo es obligatorio que la documentación esté en castellano”.

A juicio de la Plataforma, la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional que cita Playmobil dice justamente lo contrario, por lo que ha presentado la citada denuncia ante la Agència Catalana de Consum. La Plataforma asegura que, en una comunicación reciente a raíz de otra petición realizada por la organización, la citada agencia expresaba que “finalmente se dan las circunstancias adecuadas para aplicar la ley, una vez despejadas las dudas en virtud de sendas sentencias del Constitucional”. Estas sentencias son las de 2017, que citan tanto la organización denunciante como Playmobil, y una de 2018 que validan la ley 22/2010 del Código de Consumode Cataluña. Por este motivo, “según la legislación actual, Lego y Playmobil recibirán una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros en función de lo que establece el artículo 332-3” de la citada ley.

La plataforma denunciante critica en su comunicado que tanto Lego como Playmobil atienden a mercados ‘lingüísticos’ mucho más reducidos que el catalán, como el finés, el eslovaco o el noruego. Los productos a la venta en Cataluña están fabricados en Alemania, Malta o en la fábrica española de Onil, y según la Plataforma per la Llengua llegan etiquetadas en 26 idiomas.

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